En un escenario económico cada vez más volátil, el gobierno nacional juega sus últimas fichas al sector agroexportador argentino. El presupuesto 2019 se basa en gran parte en el ingreso de divisas generadas por este sector, que se 2017 fue el responsable de casi el 60 por ciento de las exportaciones.
Uno de los sellos distintivos de la coalición Cambiemos son sus constantes contradicciones. La cadena agropecuaria no escapa a esta tendencia, y un análisis del presupuesto que presentó el oficialismo permite visualizar el nulo interés que la Casa Rosada muestra por “el campo”.
El destrato hacia el sector agroindustrial argentino es constante. En una escalada que echa por tierra todas las promesas electorales hacia este eslabón de la economía nacional, el presidente Mauricio Macri cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional en materia de ajuste fiscal.
El año 2018 será recordado –entre otras cosas- por el regreso de los derechos de exportación, con la soja a la cabeza. Con el actual valor del dólar, el porcentaje de este tributo se ubica sobre el 28 por ciento. Pero el artículo 83 del mencionado presupuesto, en caso de aprobarse permitirá al gobierno elevar las retenciones hasta el 33 por ciento, de considerarlo necesario. Con el vertiginoso ritmo de endeudamiento actual, es probable que la cartera de Hacienda eche mano a todos los recursos disponibles.
En medio de este descalabro, las partidas de dinero para ejecutar políticas agropecuarias son una muestra de la falta de rumbo por parte del macrismo para sostener a la principal fuente de ingreso de divisas nacional.
Queda claro que la baja de rango que alcanzó a gran parte del organigrama ministerial impactó de lleno en los fondos para ejecutar políticas agro. De aprobarse, el presupuesto 2019 contempla para la secretaría de Agroindustria unos 6.545 millones de pesos. Esta cifra, aparte de ser menor a la del año anterior, encierra un dato curioso: Con 7.516 millones de pesos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tendrá un presupuesto mayor que la secretaria encabezada por el polémico Luis Miguel Etchevehere.
Esta baja en las partidas presupuestarias se suma a la ola de despidos que se vienen implementando tanto en la ahora secretaría de Agricultura, como en sus principales organismos descentralizados, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el INTA. Desde la llegada de Cambiemos al poder, más de 2 mil agentes han perdido su puesto de trabajo en todo el territorio nacional.
El menor presupuesto para los encargados de diseñar e eimplementar políticas tendrá un fuerte impacto en la actividad. Por el lado del SENASA –que perdió unos 700 millones de pesos en relación al año pasado- los mayores temores pasan por la efectividad de los controles sanitarios en los puestos de frontera. En este sentido, productores frutihortícolas del norte argentino han advertido en reiteradas ocasiones sobre esta delicada cuestión, pero para el gobierno nacional la prioridad pasa por “cerrar las cuentas”, sin medir consecuencias.
Los controles sanitarios no son un tema menor. Al momento de redactar estas líneas, en Brasil se confirmaron casos de peste porcina clásica, y esta situación es un llamado de atención para el SENASA, habida cuenta que el vecino país es el mayor importador de cerdos hacia Argentina.
En el caso del INTA, la reducción presupuestaria teje un manto de dudas sobre programas de extensión e investigación, de un organismo técnico reconocido en todo el mundo por su solvencia técnica. Si bien lograron contener los despidos planificados por el ministerio de Modernización (entre 800 y 1.100 empleados) unos quince empleados de la Fundación Argentina fueron expulsados de sus lugares de trabajo.
De producirse la depuración planeada por el ministerio de Modernización, el impacto en el interior bonaerense sería de consideración, sobre todo en localidades como Balcarce o Pergamino, que cuentan con estaciones experimentales de gran envergadura.
Fuente: www.REALPOLITIK.com.ar
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