Se trata del frigorífico “El Federal” y la presentación fue realizada por el municipio de Quilmes. Esta semana falleció un agente del Senasa y hay otros casos positivos. El ministerio de Agricultura anunció un protocolo sanitario para los frigoríficos
El Municipio de Quilmes, en las últimas horas, denunció penalmente a los responsables del matadero y frigorífico “El Federal”, por hacer caso omiso a la clausura preventiva por 14 días que le impuso en la jornada del pasado miércoles, y pretendiendo que ayer los trabajadores regresen a sus tareas diarias.
La decisión del gobierno municipal de clausurar el frigorífico fue luego de detectarse varios casos de coronavirus positivos, entre ellos, uno que finalizó con la muerte de un trabajador, quién durante 16 años desarrolló tareas como Ayudante Veterinario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el frigorífico.
Según precisaron las autoridades municipales, mediante un comunicado de prensa, la denuncia se promovió desde la Secretaría Legal y Técnica de la Comuna, a cargo de Claudio Carbone, y fue presentada en el Juzgado Federal de Quilmes, en la que se menciona la comisión de presuntos delitos contra la salud pública, previstos en los artículos 203 y 205 del Código Penal de la Nación.
La normativa citada establece facultades concurrentes entre las autoridades de aplicación de la Provincia y Municipio cuando exista un riesgo para la salud de todas las personas que cumplan tareas diarias, tal como ocurrió en el frigorífico “El Federal”.
A partir de esta situación, el 16 de abril, se conoció un caso positivo de coronavirus de un trabajador, lo que generó la preocupación del resto de sus compañeros, que se negaron a concurrir al frigorífico. Luego se identificaron nueve casos de contacto estrecho a los que se les dictó una cuarentena por 14 días. Pero la situación se agravó a partir del fallecimiento del trabajador infectado.
En ese momento, el municipio a cargo de Mayra Mendoza, decidió proceder a la clausura preventiva del frigorífico, “ya que las condiciones para hallar nuevos contactos estrechos con la víctima se habían complicado por demás, por lo que se priorizó la salud del resto de los trabajadores, determinando el cierre del lugar”, manifestaron desde la intendencia quilmeña.
En lo que fue una clara maniobra para lograr el retorno de los empleados a sus funciones, haciendo caso omiso a la clausura dispuesta por el Municipio, propiciando el contagio y propagación del virus, colocando en riesgo no solo a los empleados de la firma, sino también al resto de la sociedad (Quilmes)
Luego de esta decisión de la municipalidad, los responsables del frigorífico presentaron un amparo pretendiendo el regreso de los trabajadores a sus labores, “en lo que fue una clara maniobra para lograr el retorno de los empleados a sus funciones, haciendo caso omiso a la clausura dispuesta por el Municipio, propiciando el contagio y propagación del virus, colocando en riesgo no solo a los empleados de la firma, sino también al resto de la sociedad”, dijeron las autoridades comunales.
Ante estos hechos, el municipio pidió que se realice la denuncia penal contra los responsables del frigorífico; se instruya sumario a efectos de investigar la presunta comisión de los delitos contra la salud pública que se desprende de la misma, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda; se dé intervención al representante del Ministerio Fiscal y haya un cumplimiento de las medidas de prueba sugeridas por la municipalidad en el escrito presentado ante la Justicia Federal.
Protocolo
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca publicó ayer un protocolo de trabajo para el sector frigorífico para prevenir la transmisión de coronavirus entre sus trabajadores y las acciones a tomar en cuanto a casos sospechosos y confirmados de Covid-19.
El protocolo tiene como objetivo “implementar medidas de prevención y control del virus para proteger la salud de los trabajadores y “orientar sobre la actuación ante la identificación de un caso sospechoso o caso positivo confirmado para así “garantizar la continuidad de la actividad y suministro de alimentos cárnicos a la población”.
El escrito recomienda a los establecimientos realizar una Declaración Jurada (DDJJ) a los empleados para saber si estuvieron en el exterior o en contacto con personas que lo hayan hecho recientemente o que hayan sido diagnosticadas con Covid-19, como así también hacer controles diarios de temperatura al personal.
Además, instó a organizar los procesos productivos, tiempos y espacios de descanso para asegurar la distancia mínima entre trabajadores, reforzar las medidas de higiene personal y facilitar los medios necesarios, restringir al máximo el acceso personal de personas ajenas al establecimiento y delimitar zonas de acceso de vehículos de transporte de productos y materia prima.
En otro punto, sugirió “evaluar la posibilidad de dividir al personal en dos grupos, un grupo activo y otro grupo inactivo. Este último reemplazará en caso que el primero se vea afectado”. Y agregó: “Para ello, se sugiere reducir la velocidad de faena, reducir el personal, aumentar el distanciamiento entre operarios, entre otras medidas tendientes a reducir el personal y establecer un grupo de reemplazo”.
Ante la detección de un caso sospechoso el protocolo pide evitar que el trabajador ingrese a la planta, aislarlo, proveerle material sanitario, evitar el contacto con otros trabajadores, reportarlo ante las autoridades sanitarias e identificar a las personas que estuvieron en contacto estrecho con este a fin de iniciar el aislamiento obligatorio.
Y en caso de confirmase un caso positivo, abogó por “actuar de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente dependiente del Ministerio de Salud de la Nación para ese trabajador, colaborar con dichas autoridades para el seguimiento del caso".
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