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26 de Enero de 2022
Dicen en Santiago que la agricultura familiar no es prioridad

El gobierno nacional cuenta con un área dedicada específicamente a los sectores populares del campo, pero la asistencia casi no llega a las familias rurales.

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Tras el desmantelamiento hecho por el macrismo, los trabajadores continúan precarizados y no cuentan con recursos básicos para sus tareas. La Secretaría está en manos del Movimiento Evita.

No tienen agua ni para tomar. Son 115 familias en el norte de Santiago del Estero que se abastecen con la lluvia que colectan en tachos. Pero no llueve. Y el río Salado hace una semana que sólo trae peces muertos. Señalan a la empresa Austin Powder, que fabrica explosivos para la megaminería y cuya planta está ubicada aguas arriba, en la provincia de Salta, como una de las contaminadoras.

“El tema del agua es urgente”, dice Cintia Pereyra, una de las pobladoras del El Churqui, en el departamento Alberdi, que forma parte de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte. Se dedican a la cría de animales y otros trabajos en el campo. “Hace dos años presentamos un proyecto para construir cisternas. Lo aprobaron, pero desde el Ministerio (de Agricultura) no hacen los desembolsos. Nadie nos da respuestas”, se queja. La comunidad tampoco tiene energía eléctrica y los caminos de acceso son de tierra. Si llueve, se quedan aislados.

“No tenemos ripio, sufrimos cuando llueve. Si estamos enfermos pasamos malos momentos porque no podemos salir.”
En ese contexto, Cintia insiste en que hoy la urgencia es el agua. Y que las cisternas serían una solución porque les permitirían acopiar agua de lluvia –o de otra fuente, como aljibes o camiones cisterna– en mayor cantidad, en mejores condiciones y por más tiempo. El proyecto para construirlas fue aprobado por el Ministerio de Agricultura de la Nación dentro del Programa de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (Pisear). Pero no se concreta porque hace dos años que la cartera que ahora dirige Julián Domínguez no envía el dinero. El presupuesto para 114 cisternas es de 252.777 pesos.

Lo que pasa en El Churqui no es un caso aislado. Las políticas del Ministerio en beneficio de pequeños productores y familias campesinas comenzaron a debilitarse pasado el 2010 y sufrieron un golpe de gracia con el gobierno de Mauricio Macri, que prácticamente desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar. Desde la asunción de Alberto Fernández, pese a las declaraciones públicas de apoyo al sector, la realidad sigue siendo de emergencia.

Como resultado de la acción gremial, en 2020 el Gobierno volvió a contratar a cerca de 400 ingenieros agrónomos, veterinarios, trabajadores sociales y antropólogos (entre otros profesionales) de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci) que habían sido despedidos durante el macrismo. Aún quedan decenas por reincorporar. Sin embargo, poco pueden hacer estos equipos técnicos debido a la precaria situación en la que se encuentran.

Foto: Subcoop

Una política de Estado: desfinanciar la agricultura familiar
En la mayoría de los casos, las y los técnicos no tienen oficinas, trabajan desde sus casas o en espacios prestados por las comunas o por el INTA. Tampoco tienen vehículos: muy difícil ante una una tarea que se realiza en radios de más de 150 kilómetros en áreas rurales. Y si logran sortear esos obstáculos, cuando presentan proyectos para promover y mejorar la vida de las familias en el campo, se los rechazan o –como en el caso de la cisternas–, demoran años en concretarse.

En el norte santiagueño, uno de los técnicos es Francisco Orellana, quien fue despedido y luego recontratado. En diálogo con Tierra Viva, Orellana –quien a su vez es militante de Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Santiago del Estero)– contó que empezó a trabajar en la Secretaría de Agricultura Familiar en 2002. “En 2015 éramos quince técnicos para la zona norte, que incluye los departamentos Copo, Alberdi y Pellegrini. Ahora somos unos diez, pero la mayoría hace trabajo remoto porque no hay vehículos para trasladarnos”, explica.

“Seguimos sin recursos. Perdimos la oficina, donde teníamos computadoras, internet y podíamos imprimir.”
Sobre los proyectos para los campesinos, explica que en los casos en que el Gobierno los aprueba, el dinero no llega. “Hemos hecho varios informes que enviamos a (el Secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel) Gómez, pero no hemos tenido respuesta”, señala.

Similar es la situación en el norte de Santa Fe, en el departamento 9 de Julio, una de las zonas con mayor índice de pobreza de la provincia. Oscar Nagel es veterinario y forma parte de la Secretaría desde 1988. Lo despidieron en 2018, pero lo reincorporaron a los tres meses. En la actualidad trabaja desde su casa en Gato Colorado, casi en el límite con Chaco, o en oficinas que le presta la comuna de esa localidad o la de El Nochero, a 50 kilómetros. Sus tres compañeros trabajan desde Tostado, la ciudad cabecera. La única camioneta que tienen la comparten con el equipo del departamento San Cristóbal.

Asisten a unos 300 pequeños productores de la zona, que se dedican en su mayor parte a la ganadería. Cuenta que hacen de todo, desde asesoramiento en cuestiones productivas o de acceso a la tierra hasta trámites en la Anses. “En la pandemia, por ejemplo, nos la pasamos haciendo trámites de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).”

También combaten incendios, que se dan con regularidad en la zona debido a la sequía y a las quemas intencionales para expandir las áreas de cultivo de algodón transgénico y ganadería.

La burocracia gubernamental y el desarraigo en el campo
Nagel se molesta porque los trámites para acceder a los fondos del Ministerio de Agricultura son cada vez más burocráticos. Y, al igual que en Santiago del Estero, el dinero no llega o llega tarde. “Nos aprueban fondos para hacer sorgo pero el desembolso llega cuando ya se pasó la época para sembrar”, grafica. Ante eso, tratan de recurrir a otras fuentes de financiamiento: fondos de la Ley de Bosques, convenios con comunas o programas provinciales, entre otros.

Una novedad de los últimos meses fue la reimplementación del Monotributo Social Agropecuario, que se había eliminado en 2018. Se trata de un régimen impositivo subsidiado, dirigido al sector campesino, indígena y de pequeños productores. Sin embargo, al reimplementarse se quitó un beneficio elemental: mientras que antes toda la familia podía sumarse como adherente a la obra social, ahora sólo puede acceder a ese beneficio el titular.

Ante las consultas de Tierra Viva sobre estas situaciones, el Ministerio de Agricultura no dio respuestas.

Por Lucía Guadagno / Agencia Tierra Viva


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